Un informe revela que entre el 15% y el 18% de la energía distribuida en el país no se factura. El fenómeno genera pérdidas millonarias y obliga a las distribuidoras a reforzar controles y programas de regularización.

Argentina registra niveles de hurto y pérdidas no técnicas de energía eléctrica similares al promedio de América Latina, una problemática que continúa representando uno de los principales desafíos para las distribuidoras y para la sustentabilidad económica de los sistemas eléctricos de la región.

Así surge del estudio “Recuperando Energía: Innovación y Estrategias para la Gestión de Pérdidas No Técnicas en América Latina y el Caribe”, elaborado por la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de Latinoamérica (Adelat), la Universidad de Chile, la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según el trabajo, entre el 15% y el 18% de la electricidad distribuida en Argentina no llega a ser facturada, un nivel que se ubica levemente por encima del promedio regional, estimado en torno al 17%.

La cifra incluye principalmente las denominadas pérdidas no técnicas, vinculadas al fraude, conexiones clandestinas, manipulación de medidores y otras irregularidades comerciales que impiden el cobro efectivo de la energía consumida.

Un problema que cuesta miles de millones de dólares
El informe estima que América Latina pierde cada año alrededor de u$s16.600 millones como consecuencia de la energía distribuida que no logra ser cobrada por las empresas eléctricas.

Los investigadores señalan que estas pérdidas representan entre el 0,19% y el 0,33% del Producto Bruto Interno regional y constituyen uno de los principales factores que afectan la eficiencia económica de los sistemas eléctricos latinoamericanos.

En muchos casos, además, las pérdidas terminan generando un efecto indirecto sobre los usuarios que sí pagan regularmente sus facturas, ya que parte de esos costos son absorbidos por el sistema a través de distintos mecanismos tarifarios.

El trabajo remarca que el fenómeno no responde exclusivamente a cuestiones técnicas o comerciales, sino que también está asociado a factores sociales, regulatorios e institucionales.

“Las pérdidas de electricidad constituyen uno de los desafíos estructurales más persistentes y de mayor impacto financiero en los sistemas eléctricos de América Latina y el Caribe”, señala el informe.

Muy lejos de los niveles recomendados por la OCDE
Los porcentajes registrados en Argentina y en gran parte de América Latina se ubican muy por encima de los estándares internacionales.

De acuerdo con el estudio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera razonable que las pérdidas totales de energía —incluyendo tanto las técnicas como las no técnicas— no superen el 10%.

En los países desarrollados, los niveles promedio rondan incluso el 6%, menos de la mitad de los registrados actualmente en Argentina y en buena parte de la región.

Cómo se ubica Argentina frente a otros países
El relevamiento abarcó 26 países y analizó información aportada por 37 empresas distribuidoras de energía. Dentro de ese universo, Argentina aparece en una posición intermedia.

Mientras Perú es señalado como uno de los casos de referencia por sus bajos niveles de pérdidas, países como Paraguay registran porcentajes cercanos al 25%. Los escenarios más complejos corresponden a Venezuela, Honduras y Jamaica.

Brasil, pese a los esfuerzos realizados durante los últimos años, mantiene pérdidas cercanas al 14%, mientras que México presenta indicadores significativamente mejores, con un nivel total de 10,51%, dividido casi en partes iguales entre pérdidas técnicas y no técnicas.

El estudio también muestra la dimensión del mercado eléctrico argentino, que con una demanda de 142.789 gigavatios hora se ubica entre los tres más grandes de América Latina, detrás de Brasil y México.

El caso argentino y las experiencias de regularización
Entre las distribuidoras argentinas que participaron del estudio figuran la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE), la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), Secheep de Chaco, EDEA, EDESA y Edesur.

Los investigadores destacaron especialmente las experiencias desarrolladas por EPE y EPEC para abordar situaciones de informalidad eléctrica en barrios populares.

Según el informe, ambas compañías impulsaron programas de inclusión eléctrica que combinan inversiones en infraestructura, regularización comercial y capacitación comunitaria, en coordinación con gobiernos provinciales y municipales.

La estrategia incluye obras previas a la formalización del servicio y acciones orientadas a promover el uso responsable de la energía mediante el trabajo con referentes barriales.

El estudio señala que estas iniciativas permitieron mejorar las tasas de permanencia de los usuarios formalizados y reducir los niveles de reincidencia en prácticas de fraude eléctrico.

Tecnología y control para reducir pérdidas
Otro aspecto destacado por los especialistas es la incorporación de herramientas tecnológicas para reforzar los controles.

En el caso de la EPE, el informe menciona avances en sistemas de telemedición para grandes usuarios industriales y comerciales, que representan cerca de la mitad de toda la energía facturada por la empresa santafesina.

También se valoran los sistemas de geolocalización, digitalización de inspecciones y registro fotográfico de irregularidades, mecanismos que permiten fortalecer los procesos administrativos y judiciales vinculados a la recuperación de energía no facturada.

Para los autores del trabajo, la combinación entre tecnología, controles eficientes, infraestructura adecuada y políticas de inclusión aparece como una de las herramientas más efectivas para reducir un problema que continúa representando miles de millones de dólares de pérdidas cada año en América Latina.

Fuente: Ámbito

Se estima que cada año en América Latina se pierden unos 16.600 millones de dólares por las llamadas pérdidas no técnicas en la distribución de energía eléctrica, es decir, por aquellos kilovatios que se volcaron a las redes pero no se cobraron.

La cifra fue brindada por la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de Latinoamérica (Adelat), la Universidad de Chile, Olacde y el BID, que muestra niveles de ineficiencia que comprometen a esos sistemas. La misma fuente estima ese valor equivale a un 0,19% y hasta un 0,33% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región.

Lo que se señala como “pérdidas para las empresas” en el estudio “Recuperando Energía: Innovación y Estrategias para la Gestión de Pérdidas No Técnicas en América Latina y el Caribe”, en rigor, muchas veces no lo es. Al menos en la Argentina es conocida la transferencia de recursos de los clientes regulares a los que no pagan por el servicio, una suerte de subsidio cruzado no declarado que recae sobre los Kw/h efectivamente cobrados.

El trabajo tiene sin embargo aristas sumamente interesantes para una realidad en extremo diversa. Se relevaron realidades de 26 países y en 22 de ellos los problemas son serios.

La Argentina, con valores que oscilan entre el 15 y el 18% está en valores similares o algo mayores a los del promedio latinoamericano del 17%. En la región se encuentran extremos como Perú que se presenta como un caso de referencia a imitar y otros como para lo contrario: Paraguay con hasta 25% de problemas. Los casos más graves son los de Jamaica, Venezuela y Honduras.

En el caso de Brasil se destaca que pese a sus esfuerzos mantiene un 14% de pérdidas. El otro gigante de la región, México, tiene un panorama mejor: 10,51%, “con una desagregación aproximada de 5,31% técnicas y 5,20% no técnicas”.

El estudio incluye una ficha técnica por país que muestra el tamaño de sus mercados eléctricos. Y ahí sí la Argentina está en el podio, con 142.789 gigavatios hora. Lideran Brasil (725.100 Gwh) y México (304.011 Gwh).

Tres veces más
Lo que sucede en el promedio de la región y en la Argentina es tres veces más alto que el promedio recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). En ese valor de piso se consideran también las “pérdidas técnicas” es decir aquellas que provienen de la propio funcionamiento del sistema, es básicamente energía perdida en forma de calor y errores de medición. En el mundo desarrollado las pérdidas rondan el 6%.

El trabajo de referencia se enfoca también en la realidad social y económica latinoamericana. Lo dice en su prólogo: “Las pérdidas de electricidad constituyen uno de los desafíos estructurales más persistentes y de mayor impacto financiero en los sistemas eléctricos en América Latina y el Caribe. Cuando se mantienen en niveles elevados, no solo reflejan ineficiencias operativas en la gestión de las redes, sino también tensiones más profundas en la arquitectura institucional del sector, vinculadas a incentivos regulatorios, capacidades de control, dinámicas territoriales, marcos legales y condiciones sociales (…) Expresan la complejidad de un fenómeno donde convergen prácticas de fraude, debilidades en la aplicación de la ley y de los procesos comerciales y situaciones de informalidad o exclusión energética”.

Colaboración de Santa Fe
El trabajo es especialmente relevante para Santa Fe ya que la Epe ha sido parte de las empresas distribuidoras de la Argentina que fueron consultadas, en dos cuestionarios que se completaron aquí. (Según el registro de la información de base del estudio el Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica no hizo lo mismo).

La Epe santafesina, su par de la provincia de Córdoba (Epec), del Chaco (Secheep), Edea y Edesa de la Provincia de Buenos Aires y Edesur de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires colaboraron con la investigación.

El trabajo, que se propone mejorar la gestión ante el fenómeno del hurto o el fraude eléctrico, pone en ese sentido las experiencias de la Epesf (con esa sigla) y de su similar y también provincial cordobesa Epec.

“Un paralelismo interesante se observa en Argentina, donde EPEC y EPESF han desarrollado programas de ‘inclusión eléctrica’ específicos para barrios populares y villas, articulándose estrechamente con gobiernos provinciales y municipales. Esta estrategia implica ejecutar obras de infraestructura previas a la regularización comercial, estableciéndolas como una condición indispensable para garantizar la seguridad eléctrica y la sostenibilidad de la formalización. En estos contextos, la formación cívica incluye enseñar el uso responsable de la energía a referentes barriales, logrando un cambio cultural que se refleja en una mayor tasa de permanencia y menor reincidencia en el fraude”, indica el estudio.

En otro párrafo menciona que en Santa Fe ha mejorado la telemedición en grandes usuarios, es decir, las industrias y comercios que más energía consumen. Destaca que la Empresa Provincial de la Energía santafesina atiende 3.300 cuentas “que representan el 49,9% del total de energía facturada, frente a más de 1,3 millones de clientes residenciales”.

Del mismo modo, elogia los procedimientos de geolocalización y digitalización de la empresa para asociar los procesos de controles con una inmediato reclamo judicial.

“La evidencia fotográfica busca fortalecer la trazabilidad del procedimiento y asegurar su respaldo administrativo y legal, constituyendo la base probatoria para procesos de recuperación de energía y denuncias penales”.

Por Luis Rodrigo

Fuente: El Litoral