ADELAT abordó las concesiones de la red en su webinar “Experiencias internacionales en la prórroga de concesiones de distribución eléctrica”, en consideración a los desafíos que demandará la expiración de 20 concesiones en Brasil a partir de 2025.

Felipe Acosta Correa, presidente de la Asociación, abrió el espacio de discusión con un repaso sobre el conocimiento específico que ADELAT viene produciendo y los proyectos previstos para ejecutarse a lo largo de 2024, en el marco del Ciclo Voz Experta que lidera la Asociación. Entre ellos destacó el ya lanzado paper de regulación, que incluye recomendaciones para agentes y tomadores de decisión sobre los principales desafíos en la materia, y también hizo hincapié en el estudio sobre las inversiones de distribución eléctrica requeridas en la región, la movilidad eléctrica, la integración de comunicaciones y resiliencia, entre otros trabajos.

Posteriormente, el director de generación de conocimiento de ADELAT, Roberto Cajamarca, compartió los principales hallazgos del estudio sobre concesiones, entre los que mencionó los desafíos de los modelos contractuales de la distribución que deben ser atendidos por los poderes concedentes de cada país.

“Existen elementos y obligaciones similares entre los modelos contractuales de países, experiencias acumuladas en los procesos de transición en los años 80 y 90, cuando estos sectores fueron abiertos al capital privado”, señaló el director, y añadió que un denominador común es el “período extenso (más de 50 años) e indeterminado”, que constituye una principal diferencia con el caso brasileño, que contempla 30 años.

Al otorgar las concesiones, destacó Cajamarca, el foco debe estar en incrementar el beneficio para consumidores y crear incentivos adecuados para que las inversiones por parte de distribuidores ocurra, promoviendo la calidad de servicio, encontrar un equilibrio económico financiero y brindar la flexibilidad para que haya una efectiva transformación de la red como habilitadora en los cambios que ocurren en el marco de la transición energética.

La directora ejecutiva de ADELAT, Alessandra Amaral, fungió como moderadora del panel de debate que inició con la intervención del director de Estudios, Proyectos e Información de la Organización Latinoamericana de Energía – OLADE, Fitzgerald Cantero Piali, a quien consultó sobre las experiencias más exitosas en términos de diseño contractual y regulatorio en la región.

Cantero indicó que más allá de la experiencia o modelo de de concesiones que elija cada país, se debe apuntar a aspectos medulares tales como el suministro asegurado, asequible y de calidad, el equilibro con las necesidades del consumidor, un marco que establezca incentivos a la inversión y continuidad de negocios, y la modernización para reducir las pérdidas no técnicas.

Por su parte, José Mário Abdó, especialista y socio administrador de AEA, presentó el panorama actual en cuanto a las concesiones de distribución en Brasil, que actualmente cuenta con 53 concesiones, de las cuales 20 fueron privatizadas entre 1995 y 2001, y estas últimas hoy atienden 55,5 millones de unidades consumidoras que representan el 64% del total del país. Con relación a los desafíos que el modelo contractual debe superar para alcanzar un balance adecuado entre calidad eficiencia económica e incentivo de inversiones, señaló que “es una trilogía extremadamente relevante y que debe llevar a la sustentabilidad”. “El camino para eso es de más de una naturaleza; uno de ellos la cuestión tarifaria, justa, adecuada y oportuna, que incentive y remunere adecuadamente al inversor”, sostuvo, y añadió que “la tarifa necesita reflejar las demandas nuevas y las

exigencias de liberalización del mercado, transición energética justa, resiliencia de la red y dar el tratamiento adecuado al operador (…)”.

Marcos Madureira, presidente de la Asociación Brasilera de Distribuidoras de Energía Eléctrica –  ABRADEE, comentó sobre las contribuciones realizadas por la institución que preside y sus asociadas en el actual proceso de evaluación y definición de los criterios en el proceso de prórroga de concesiones de distribución de energía eléctrica. Indicó que las distribuidoras necesitan certeza acerca del futuro de sus contratos para obtener financiación y continuar realizando las inversiones que se requieren, y enfatizó en que el costo para la sociedad de un nuevo proceso licitatorio sería mayor que el de una prórroga de las concesiones actuales.

Para culminar las ponencias de panelistas, el presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía (ASIDE), William Villalobos, se refirió a los elementos que debe reunir el marco normativo y regulatorio para brindar la estabilidad jurídica que requieren la distribuidoras para una operación adecuada y para el desarrollo de las inversiones sobre todo las que se refieren a la transición energética. “Sin seguridad jurídica no hay inversión, sin inversión no hay transmisión ni distribución, y sin transmisión ni distribución, no hay transición”, afirmó Villalobos y complementó su opinión resaltando que “el sector energético latinoamericano es el segundo, después del de construcción, con mayor reclamación de arbitrajes internacionales”, según datos de la CCI.

Para concluir, sugirió volcar la mirada a la seguridad jurídica en las inversiones y la estabilidad regulatoria, debido a que los cambios abruptos en las reglas de juego derivan en aumentos en los costos de proyectos, con impactos tarifarios importantes que afectan a usuarios y con mayor dificultad para la bancabilidad misma de los proyectos.

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