Las siete principales economías de América Latina —entre ellas Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile— necesitarían invertir más de US$50.000 millones en infraestructura de medición avanzada (AMI) hasta 2040 para lograr una transición energética efectiva.

Esa es una de las conclusiones de la investigación realizada por la asociación latinoamericana de empresas distribuidoras de energía eléctrica, Adelat, y la consultora GME.

AMI es un sistema integrado de medidores inteligentes, redes de comunicaciones y sistemas de gestión de datos que permite la comunicación bidireccional entre las empresas de servicios públicos y los clientes.

Aparte de Uruguay y Costa Rica, donde la cobertura de medidores inteligentes es de 100% y casi 60%, respectivamente, la región se queda rezagada frente a los mercados maduros. En la mayoría de los países latinoamericanos, la penetración es inferior a 10%. En Uruguay, la empresa estatal UTE encabezó la estrategia del país, mientras que Costa Rica cuenta con un plan de implementación obligatoria, basado en la regulación y que se está aplicando gradualmente por ubicación geográfica.

Roberto Cajamarca, director de gestión del conocimiento y estrategia de Adelat, expuso a BNamericas los objetivos de la investigación: “El estudio de ADELAT sobre AMI propone una hoja de ruta para superar la ‘paradoja de implementación’ que vive la región: aunque existe un consenso técnico sobre la necesidad de la medición inteligente, el despliegue masivo sigue frenado por marcos regulatorios diseñados para activos estáticos del siglo pasado.

“El estudio no sólo aborda el desafío financiero, sino que explora la necesidad de una regulación basada en la neutralidad tecnológica y estándares abiertos para evitar el cautiverio con proveedores y asegurar que la digitalización se traduzca en beneficios tangibles de eficiencia y confianza para el usuario final”.”

Junto con las barreras regulatorias y económicas, otras mencionadas en el informe incluyen limitaciones tecnológicas y de infraestructura, desafíos operativos y de implementación y factores sociales y culturales.

Superar estas barreras requiere marcos regulatorios que reconozcan todo el ecosistema de AMI, incluido el opex, y moneticen sus beneficios sociales, según el informe. También se considera necesario establecer normas técnicas obligatorias y mecanismos de certificación para reducir las fricciones tecnológicas.

Para la implementación universal en América Latina, se considera esencial que la regulación incorpore un análisis social de costo–beneficio que valore las externalidades, como las mejoras en la resiliencia y la calidad del servicio.

En Chile, un despliegue masivo planificado se detuvo en 2019 en medio de la oposición pública vinculada al carácter obligatorio del esquema y al hecho de que los pagadores de las facturas habrían asumido los costos.

La implementación habría resultado en un aumento neto para los usuarios de menos de 200 pesos (alrededor de US$0,22 a los tipos de cambio actuales) al mes, más barato que el pago de alquiler de los medidores tradicionales, según informes de prensa de la época. Sin embargo, habría permitido a los usuarios monitorear y gestionar el consumo e inyectar electricidad de vuelta a la red si eran autogeneradores, al mismo tiempo que contribuía a reducir los costos del sistema mediante la automatización de la lectura de medidores y la mejora de los tiempos de detección de fallas.

Una vez que se asentó el polvo, gran parte de la culpa se atribuyó a la campaña de comunicaciones y a los mensajes oficiales.

Adelat dice que una estrategia de vinculación con los usarios que “genere confianza y atienda las realidades locales, especialmente en territorios vulnerables” es indispensable.

Recientemente se presentó un proyecto de ley en el Congreso de Chile para obligar a los concesionarios de distribución a instalar medidores inteligentes sin costo para los clientes.

Las medidas podrían incorporarse potencialmente en una reforma del segmento de distribución, ampliamente considerada necesaria en el país.

Chilean-German Energy Partnership, un foro de diálogo político centrado en la energía, realizó investigaciones asociadas sobre alternativas regulatorias.

“En síntesis, la adopción masiva de [sistemas de medición, monitoreo y control] SMMC en Chile requiere de una combinación equilibrada de financiamiento adecuado, legitimidad social, reformas tarifarias que entreguen señales claras, y un rol protagónico del Estado en la conducción del proceso ,” señala un informe de la asociación. “Solo de esta manera será posible capturar plenamente los beneficios de digitalización, eficiencia y sostenibilidad que estos sistemas pueden aportar al desarrollo del sector eléctrico.”

Mientras tanto, Adelat también subraya la importancia de la tecnología para la transición energética de la región.

“Es el habilitador que permite integrar nuevas soluciones, como generación distribuida, la electromovilidad y los esquemas de respuesta a la demanda,” dice la asociación.

Añade que la penetración relativamente baja en la región representa tanto un desafío como una oportunidad.

“La baja penetración brinda una oportunidad para que la región salte la etapa de telemetría básica (AMI 1.0) y adopte directamente dispositivos de segunda generación (AMI 2.0),” dice Adelat. “Esto implica desplegar equipos con capacidad de procesamiento en el borde (edge computing), mayor granularidad de datos y ciberseguridad avanzada, evitando la obsolescencia temprana.”

El impulso de la región hacia la medición avanzada

Penetración estimada de medidores inteligentes de baja tensión por país en América Latina en 2024. Fuente: Adelat, IDB, Grupo Mercados Energéticos, ICE y comunicados de prensa.

Uruguay: 100%
Costa Rica: 57%
Honduras: 23%
Chile: 9%
México: 9%
Guatemala: 8%
Brasil: 6%
Colombia: 4%
Argentina: 3%
Ecuador: 3%
Perú: 1%
El Salvador: 1%
Paraguay: 1%
República Dominicana: 0%
Panamá: 0%
Nicaragua: 0%
Venezuela: 0%
Bolivia: 0%

Adelat tiene 31 miembros en 10 países, que en conjunto representan a más de 72 millones de clientes.

Fuente: BNAmericas