Luego de visitar Ecuador, Panamá y Chile, ADELAT estuvo presente en Brasil impulsando el lanzamiento del paper “Desafíos y perfeccionamientos regulatorios de la distribución eléctrica para la transición energética latinoamericana”.

En ese marco, compartimos los principales aspectos tratados en esta edición, así como las perspectivas claves de cada panelista.

La directora ejecutiva de ADELAT, Alessandra Amaral, señaló la necesidad de “conexión de datos y coordinación de todos estos nuevos elementos en una red en sintonía”, teniendo en cuenta el contexto actual del sector, según el cual la resiliencia juega un papel protagonista y, por tanto, requiere actitudes y esfuerzos sin precedentes por parte de los distribuidores de energía.

Frederico de Araújo, del Ministério de Minas y Energia (MME), se enfocó en la necesidad de que las distribuidoras eléctricas estén preparadas para las nuevas actividades que están surgiendo para ser parte efectiva de esta transformación. En este contexto, el Ministerio “quiere participar en el debate y estamos proponiendo medidas que permitan la aplicación de medidores inteligentes para todos, en el ámbito de la prórroga de las concesiones”, destacó.

Al respecto, Leandro Caixeta, de ANEEL, dijo que el cronograma de concesiones es “sumamente raro, una concesión de distribución en Brasil dura 30 años; es un portal que rara vez se abre y queremos aprovechar que ese portal está abierto ahora”.  El organismo regulador reconoce la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos y aprovechar un resquicio como lo es la prórroga de concesiones para dar cabida a estos espacios para evolucionar. “Tiene que haber un incentivo para que el consumo coincida con la generación, y con nuestra estructura tarifaria monomial y medidores antiguos es muy difícil hacerlo; entonces, también queremos que los contratos de concesión tengan la posibilidad de diferenciación tarifaria”, añadió.

Por otro lado, Virginia Parente, de la USP, habló del sobrecosto que imponen al sistema las energías intermitentes, que no necesariamente ellas asumen. “La regulación debe poner el dedo en la llaga de estos costos que son para la seguridad del sistema. Esa seguridad es un bien público y debe abordarse y tratarse como tal”, aseguró. La financiación de las inversiones necesarias fue un aspecto clave en su discurso, con el que concluyó con la interrogante: “¿Cómo haremos inversiones adecuadas para el público que ahora se beneficia o se beneficiará de estas inversiones en el futuro?”. Con esta pregunta, la panelista convocó al público, sugiriendo que es el mayor desafío que actualmente enfrenta el sector.

Tiago De Barros, de RegE Consultoria, mencionó que el cambio climático y la transición energética no sólo implican la renovación de la matriz, sino la electrificación de la economía. “Entonces, habrá un cambio de carga, pero un cambio de carga que irá acompañado de una cantidad de inversión muy importante”, afirmó. El consultor enfatizó en la necesidad de un cambio de paradigma que permita pensar en el valor y el bienestar social, además de transitar hacia un modelo de economía de plataformas que acerque a los usuarios. “El distribuidor ya es eso, pero es una plataforma muy basada en el lado físico. Tendrá que convertirse en una plataforma de comunicación y una plataforma digital”, opinó. De Barros destacó que las inversiones adicionales para esta digitalización y modernización no entran en la tarifa de quienes pagan megavatio/hora. “Ahí es donde entra algo en el modelo traído por el Ministerio y la ANEEL para ser incluido en el nuevo contrato, que es la idea de que otros ingresos tengan una mayor participación en la remuneración de estos activos”, agregó.

Dayanni Grassano, de Equatorial Energia, reflexionó sobre la relevancia de la red: “Necesitamos tener una red adecuada para este propósito, porque sin una red de distribución la transición energética no se producirá”. En ese sentido, compartió que Equatorial no sólo está pensando en acercar la red a la población, sino también en preparar la red para los nuevos participantes y sus particularidades, además de preocuparse por las consecuencias en la tarifa. “Estamos en las regiones Norte y Nordeste, zonas donde las tarifas energéticas son altas y el poder adquisitivo bajo, por lo que nos preocupa la capacidad de pago del consumidor”, concluyó.

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